El Contralor General del Magdalena, ALBERTO MARIO GARZÓN WILCHES, presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 318 de la ley 1955 de 2019 que expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto Por Colombia, Pacto Por La Equidad”, el cual autorizó al Gobierno Nacional para crear el actual régimen que establece el cobro de tarifas del servicio de energía eléctrica en la Región Caribe. Esta demanda, surge en atención al ejercicio del control social a lo público, regulado en la Ley 1757 del 2015.

En la demanda, el Contralor solicita la declaratoria de inexequibilidad del prenombrado artículo 318, por violar flagrantemente los artículos 1, 2, 158, 365, 366 y 367 de la Constitución Política. En caso de que el máximo órgano de la jurisdicción constitucional decida favorablemente las pretensiones demandadas, se pondría fin al actual régimen tarifario que las comercializadoras AIR-E y AFINIA usan para cobrar en forma desmedida el servicio de energía eléctrica a los habitantes de la costa.